WSJ | La pequeña empresa californiana que se abre paso en Venezuela más rápido que las grandes petroleras
Tras la dramática destitución del hombre fuerte Nicolás Maduro, el presidente Trump y su nuevo homólogo en Venezuela instaron a las principales empresas energéticas, como ExxonMobil y ConocoPhillips, a marcar el comienzo de una era dorada de prosperidad petrolera en el país latinoamericano.
Pero Exxon y Conoco, que siguen mostrándose recelosas dos décadas después de que Venezuela nacionalizara sus activos en el país, se lo están tomando con calma. En cambio, una productora petrolera californiana mucho más pequeña respaldada por inversores europeos, Pacific Coast Energy, se encuentra entre las varias empresas privadas que de repente se han posicionado para hacerse con algunos de los primeros activos que Venezuela pone a disposición en una nueva era para su industria petrolera.
Una complicación: la prominente familia Cisneros de Venezuela reivindica la propiedad legítima de algunos de los mismos yacimientos petrolíferos cuya explotación está negociando Pacific Coast. La familia alega que el Gobierno interino de Venezuela vendió los activos a la nueva empresa tras anular, de forma secreta e ilegal, los derechos que los Cisneros habían tenido durante una década en una empresa conjunta llamada PetroDelta. Reclaman 2.000 millones de dólares en concepto de pérdidas.
Pacific Coast es una empresa poco conocida fuera del sector petrolero y está intentando entrar por primera vez en Venezuela. Lleva 30 años extrayendo petróleo pesado en California, suministrando a empresas como Chevron en ese estado, y ha desarrollado yacimientos en África Occidental y Europa.
La empresa remitió las preguntas sobre las afirmaciones de los Cisneros a Petróleos de Venezuela, el gigante petrolero estatal del país, que no respondió a las solicitudes de comentarios.
«Establecer una presencia en Venezuela se ajusta a las capacidades fundamentales de [Pacific Coast] y a su enfoque estratégico en la extracción de petróleo pesado y la revitalización de yacimientos maduros con baja tasa de agotamiento», afirmó su director ejecutivo, Klaus Hasbo, en un comunicado del 30 de julio en el que anunciaba conversaciones con autoridades venezolanas para operar en el país.
Pacific Coast está registrada en la localidad de Orcutt, en el condado de Santa Bárbara (California), a través de una estructura corporativa que incluye una entidad matriz con el mismo nombre en Delaware. La empresa divulga información limitada sobre su propiedad, pero afirma que, desde 2019, está controlada por inversores con sede en Europa.
Uno de los propietarios de Pacific Coast, el inversor belga-pakistaní Alshair Fiyaz, visitó Venezuela a principios de este año, al igual que Hasbo, con sede en Santa Bárbara. Fiyaz, con quien no se ha podido contactar, ha estado vinculado a diversas inversiones petroleras y financieras, y también es conocido por ser propietario de un yate de lujo y de unas pistas de polo en Saint-Tropez, en el sur de Francia.
Reto empresarial
Las reclamaciones en litigio ponen de relieve los retos que plantea hacer negocios en Venezuela ocho meses después de que Estados Unidos asumiera el control de facto del sector energético y animara a los inversores estadounidenses a reconsiderar sus opciones. Venezuela, que nacionalizó los activos petroleros de las empresas extranjeras en la década de 1970 y de nuevo en la de 2000, está intentando atraer de nuevo a los productores estadounidenses a su industria petrolera —en ruinas tras años de mala gestión— con la promesa de que los nuevos cambios legales y normativos aplicados bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez suavizarán las dificultades del pasado.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos en los que se le pedían comentarios sobre Pacific Coast y las acusaciones de Cisneros.
La Administración Trump apoya que las empresas estadounidenses lideren la recuperación de la producción petrolera de Venezuela, pero, según un funcionario de la Casa Blanca, no participó en ninguna actividad de promoción de la operación en la que está implicada Pacific Coast. Sin embargo, las acusaciones de Cisneros tampoco han suscitado objeciones por parte de la Administración Trump.
Algunos en Washington consideran que las empresas petroleras estadounidenses más pequeñas son más ágiles y están mejor preparadas para reactivar la producción de crudo de Venezuela que las grandes empresas ya consolidadas, incluso bajo el nuevo régimen, más motivado.
El martes, Hunt Oil, otra empresa petrolera estadounidense con una larga trayectoria trabajando en jurisdicciones lejanas, firmó un acuerdo de reparto de la producción con Venezuela para ayudar a extraer petróleo de dos yacimientos situados en el flanco oriental del país.
Procedimiento inusual
Pacific Coast comenzó a mantener conversaciones con las autoridades venezolanas sobre posibles oportunidades en febrero, al tiempo que defendía su proyecto en Washington, según fuentes familiarizadas con el asunto.
En su comunicado sobre sus planes para Venezuela, Pacific Coast afirmó que ya ha cerrado acuerdos con 30 empresas de ese país latinoamericano para el suministro de materiales, equipos y servicios, además de haber mantenido conversaciones con las empresas petroleras Trafigura y Vitol sobre la comercialización del crudo que produciría. También señaló que está ultimando la compra de plataformas de perforación para el nuevo proyecto, que inicialmente abarcaría dos bloques.
Antes de la entrada de Pacific Coast en Venezuela, Fiyaz y un grupo de ejecutivos de la empresa visitaron en abril las oficinas de PetroDelta en el centro petrolero oriental de Maturín, según fuentes familiarizadas con la situación.
La familia Cisneros afirma que no tenía conocimiento de que las participaciones en PetroDelta estuvieran en venta.
«Ha sido un procedimiento abrupto, arbitrario e inusual», declaró Juan Domingo Alonso, abogado de la entidad de la familia Cisneros, DP Delta Finance, que constituyó la empresa conjunta.
Alonso explicó que el Gobierno de Venezuela notificó a Delta Finance la semana pasada que en mayo se había iniciado un procedimiento administrativo contra la empresa conjunta y que, basándose en la constatación de que no habían cumplido sus compromisos financieros, sus participaciones fueron revocadas en junio. Alonso señaló que Delta Finance fue expulsada sin tener oportunidad alguna de responder a las acusaciones —que niegan— ni de recurrir la decisión, a pesar de contar con un contrato vigente hasta 2042.
La pérdida de los activos supone un giro sorprendente para los herederos de Oswaldo Cisneros, fallecido en 2020 y cuyos negocios están ahora bajo la supervisión de su viuda y sus hijos. Con una familia extensa que domina sectores industriales venezolanos que van desde la cerveza hasta la radiodifusión televisiva, los Cisneros han sido durante mucho tiempo la dinastía empresarial más destacada del país. Forman parte de una élite afín al régimen que supo sortear con éxito años de gobierno autoritario, así como un sistema socialista que expulsó el capital privado del país.
Mientras Venezuela se sumía en la agitación política y económica bajo el mandato de Maduro, Oswaldo Cisneros, que había amasado su fortuna gracias a los proveedores de servicios de telefonía móvil y al azúcar, se expandió al sector petrolero. En 2016, invirtió más de 1.000 millones de dólares en la adquisición de una participación del 40 % en PetroDelta para seis yacimientos petrolíferos, quedando el resto en manos del Gobierno venezolano. Oswaldo Cisneros había apostado por un repunte de los precios del crudo y el plan consistía en triplicar la producción hasta alcanzar los 115 000 barriles diarios.
Sin embargo, según fuentes cercanas al negocio, la mala gestión del sector y una dura depresión económica provocaron que PdVSA y su socio se enzarzaran en disputas sobre los pagos. Las sanciones estadounidenses al sistema financiero venezolano frenaron drásticamente la inversión en la empresa conjunta. Durante el último año, la producción se situó en torno a los 10 000 barriles diarios.
Alonso afirmó que a Delta Finance se le adeudan cientos de millones en concepto de comisiones por servicios no pagadas y dividendos que el Gobierno nunca abonó. Además, las autoridades venezolanas nunca liquidaron la empresa conjunta y, por lo tanto, no pueden transferir sus yacimientos petrolíferos a un nuevo socio, añadió.
«Esto simplemente no era lo que se esperaba para el sector… la confiscación de activos y que todo se hiciera a escondidas, a espaldas de Delta Finance», afirmó Alonso.
Pacific Coast se mostró optimista respecto a las perspectivas de alcanzar un acuerdo de producción a largo plazo con Venezuela. Afirma que ha recaudado 800 millones de dólares en deuda, capital y financiación comercial para financiar las operaciones iniciales de la empresa conjunta en Venezuela.
La ministra de Petróleo de Venezuela, Paula Henao, declaró el miércoles en una conferencia de inversión celebrada en Houston que los nuevos cambios legales y normativos del país ofrecen «un marco regulatorio mucho más claro, con seguridad jurídica para el inversor y con mecanismos de resolución de conflictos».
«Nos llena verdaderamente de orgullo y alegría saber que hay tanto interés en invertir en Venezuela», afirmó. «Venezuela está dispuesta a negociar, a comercializar y a llegar a acuerdos sobre esos nuevos proyectos».
