Orden de Abelardo de La Espriella de deportar migrantes ‘ilegales’ genera incertidumbre entre venezolanos en Colombia
El venezolano César González, abogado migratorio residente en Colombia, aseguró el lunes a The Associated Press que la “preocupación es muchísima” entre la población venezolana. “No hemos podido ni contabilizar la cantidad de personas que nos han llamado para ver cuáles son sus opciones”, explicó.
AP/Publimetro
Colombia es el mayor receptor de la diáspora venezolana en la región, al acoger a 2,8 millones de migrantes de ese país, según cifras oficiales, de los casi siete millones que han salido de Venezuela en más de una década en medio de la crisis política y social.
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Según cifras públicas de Migración Colombia, en el país hay más de 527.000 venezolanos que ingresaron o permanecen en el país sin cumplir con la normativa migratoria. Al ser consultado por la AP sobre el alcance de la orden presidencial, Migración Colombia respondió que no se ha posesionado el nuevo director de la entidad, a quien le corresponderá implementar las “decisiones del Gobierno nacional en materia de operativos de control, regularización y eventuales procesos de deportación”.
De la Espriella, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, advirtió desde la campaña presidencial que estaría dispuesto a devolver a los venezolanos que no cumplieran la ley colombiana.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, considera que la migración venezolana a la nación colombiana ha tenido una dinámica distinta a la de otros países de la región, al compartir con Venezuela una frontera de más de 2200 kilómetros con decenas de pasos irregulares.
“El Estado colombiano, a diferencia de otros países que pueden jugar un poco con la dinámica de la contención o incluso de la expulsión, no tiene capacidad para hacer eso”, explicó Rodríguez. “Más se demora y más gasta el Estado colombiano en trasladarlos hasta la zona de frontera y entregar a las autoridades migratorias, que esa persona en volver”, agregó.
Llamado a no perseguir
Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede –una iniciativa privada venezolana que ayuda a los migrantes– dijo a AP que lo primero que harán será tratar de dialogar con el Gobierno para pedir que se abra de nuevo la posibilidad de regularizar a los venezolanos, como lo hicieron gobiernos anteriores con documentos que les daban acceso a los beneficios sociales del Estado.
“No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización, porque recordemos que el Estatuto Temporal de Protección se encuentra cerrado desde hace más de tres años”, aseguró García.
Rodríguez coincide en que el reto de Colombia es regularizar a la población migrante, especialmente a más de 193.000 menores de edad en condición irregular. “Ellos son sujetos de especial protección”, resaltó.
Riesgo de xenofobia
La diáspora venezolana teme que se incremente la xenofobia en el país luego de que la máxima autoridad, el presidente, pusiera el foco sobre ellos.
“Obviamente esto dispara la xenofobia porque la gente no mide cuando habla del tema de deportar”, aseguró a la AP Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia.
García indicó por su lado que está de acuerdo con que se persiga a la delincuencia, pero no que se la relacione con la migración, lo que además dispara la xenofobia. “Está demostrado en cifras que la criminalidad no se relaciona con los migrantes”, señaló.
La preocupación se agudiza, explicó Pereda, porque los venezolanos sienten que las puertas “no solamente se están cerrando en Colombia, incluso se vienen cerrando en Chile, Perú y Ecuador”, por las políticas migratorias de los nuevos gobiernos conservadores.
