Proyecto de reforma de la ley contra el odio elimina las penas de prisión y las sustituye por cuantiosas multas y trabajo comunitario
El proyecto de reforma presentado por Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional busca transformar la controvertida ley contra el odio aprobada en 2017, rebautizándola como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia, e introduciendo sanciones económicas y comunitarias en lugar de medidas privativas de libertad.
La propuesta, que ya cuenta con la «conformidad constitucional» otorgada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), modifica sustancialmente el artículo 20 de la norma vigente, el cual contemplaba condenas de entre 10 y 20 años de cárcel. En su lugar, el nuevo texto establece multas fijadas entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor según el Banco Central de Venezuela (BCV), cuya aplicación dependerá del Ministerio de Interior y Justicia.
Dichas sanciones podrán complementarse o sustituirse con 200 a 600 horas de trabajo comunitario o programas educativos, garantizando expresamente que no se aplicará la privación de libertad.
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Asimismo, el proyecto redefine el discurso de odio excluyendo explícitamente las opiniones políticas, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, a menos que impliquen una incitación directa e inequívoca a la violencia o al delito. Del mismo modo, regula de manera específica las actuaciones de medios de comunicación, organizaciones políticas —cuya fiscalización recaerá en el Consejo Nacional Electoral (CNE)—
Igualmente, el personal de salud que se niegue a atender a una persona por odio o discriminación recibirá una multa de entre 1.000 y 10.000 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor. También puede enfrentar la destitución en el sector público o la desvinculación justificada en el privado. La ley vigente contemplaba una pena de 8 a 10 años de cárcel.
Para velar por el cumplimiento de la norma, la reforma contempla la creación de la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, un órgano integrado por 15 miembros representantes de los poderes públicos, ministerios clave y organizaciones sociales, el cual coordinará la aplicación de los nuevos procedimientos administrativos.
Con información de Monitoreamos
