Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, comparecerá este martes ante una corte de Miami tras ser entregado por Venezuela
El empresario colombiano Álvaro Pulido, acusado de ayudar a organizar gigantescas tramas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con contratos del gobierno venezolano, tiene previsto comparecer por primera vez el martes ante un tribunal federal de Miami, después de que presuntamente fuera entregado a las autoridades estadounidenses por el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Pulido, de 62 años y antiguo socio comercial de Alex Saab, permanecía encarcelado en Venezuela desde 2023. El domingo fue trasladado a Florida después de que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) presuntamente lo sacaran de prisión, según informó el diario colombiano El Tiempo, que citó fuentes federales.
ADVERTISEMENT
El periódico señaló que la operación se realizó con el consentimiento del gobierno de Rodríguez, que anteriormente había entregado a las autoridades estadounidenses a Saab, otro antiguo colaborador del depuesto gobernante Nicolás Maduro, en mayo.
Las autoridades estadounidenses confirmaron el domingo que Pulido se encontraba bajo custodia federal tras una investigación en la que participaron la DEA, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional. Sin embargo, no han revelado cómo fue trasladado desde Venezuela ni si la operación se realizó mediante una extradición formal, una deportación u otro procedimiento.
Su llegada plantea interrogantes sobre la creciente cooperación entre Washington y el gobierno interino de Rodríguez, particularmente porque Pulido todavía enfrentaba un proceso penal en Venezuela cuando fue entregado.
También se produce menos de un mes después de que Saab se declarara culpable en Miami de participar en una conspiración para lavar dinero y aceptara colaborar con los fiscales federales, lo que podría convertirlo en un testigo clave contra su antiguo socio comercial.
Pulido enfrenta cargos en dos acusaciones federales presentadas en Miami en 2019 y 2021, que incluyen un total de 13 cargos de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Los fiscales lo acusan de participar en esquemas para desviar cientos de millones de dólares de programas del gobierno venezolano destinados a proporcionar viviendas, alimentos y otros productos esenciales a la población empobrecida del país.
El Departamento de Estado había ofrecido anteriormente una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera a su arresto o condena.
Durante su comparecencia prevista para el martes, un juez magistrado federal le informará de los cargos en su contra, abordará su representación legal y examinará cuestiones preliminares relacionadas con su detención.
Una entrega que plantea interrogantes
El traslado de Pulido resulta particularmente inusual porque todavía enfrentaba un proceso penal en Venezuela cuando pasó a manos de las autoridades estadounidenses.
Desde 2023 permanecía recluido en la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en relación con la investigación de corrupción conocida como PDVSA-Cripto, que incluye denuncias de ventas irregulares de petróleo y pérdidas superiores a $1,500 millones.
Todavía en junio, Pulido se declaró inocente en ese proceso, en el que también figura el exministro venezolano de Petróleo Tareck El Aissami.
Según el diario colombiano El Tiempo, agentes de la DEA sacaron a Pulido de una prisión venezolana con la autorización del gobierno interino de Rodríguez y lo trasladaron a Florida.
Ni Washington ni Caracas han explicado públicamente el mecanismo legal utilizado para entregarlo ni qué ocurrió con los cargos que enfrentaba en Venezuela. Las autoridades venezolanas tampoco han comentado públicamente sobre la operación.
Las circunstancias se asemejan a las que rodearon el regreso de Saab a la custodia estadounidense en mayo, cuando el gobierno de Rodríguez presuntamente trató su salida del país como una deportación de un ciudadano colombiano.
Ambas entregas sugieren una creciente cooperación entre las autoridades venezolanas y las agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley tras la salida de Maduro del poder en enero. Sin embargo, no existen pruebas públicas que establezcan que la entrega de Pulido formara parte de un acuerdo más amplio relacionado con el alivio de sanciones, exportaciones petroleras, concesiones diplomáticas u otros beneficios para Caracas.
Tampoco está claro si la cooperación de Saab con los fiscales influyó directamente en la decisión de entregar a Pulido.
De acuerdo con la acusación, los pagos les permitieron conseguir la aprobación de documentos fraudulentos que afirmaban que se habían importado materiales de construcción a Venezuela, aunque esos materiales nunca llegaron al país.
Los fiscales sostienen que aproximadamente $350 millones fueron transferidos desde cuentas venezolanas controladas por los empresarios, a través de instituciones financieras estadounidenses, antes de ser enviados a cuentas en el extranjero.
La segunda acusación, presentada en 2021, se centra en el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mediante el cual se distribuían cajas de alimentos subsidiados a millones de venezolanos durante el colapso económico del país.
Los fiscales afirman que una empresa controlada secretamente por Pulido obtuvo en 2016 un contrato gubernamental para suministrar 10 millones de cajas de alimentos a $34 cada una, lo que generó aproximadamente $340 millones en ingresos. Presuntamente, producir las cajas costaba considerablemente menos, lo que permitió a los conspiradores utilizar los precios inflados para financiar sobornos y desviar fondos públicos.
Entre los beneficiarios figuraban José Gregorio Vielma-Mora, entonces gobernador del estado Táchira, en el occidente de Venezuela, y un intermediario, quienes, según los fiscales, recibieron aproximadamente $17.3 millones.
El gobierno estadounidense busca el decomiso de aproximadamente $1,600 millones en relación con ese caso. La acusación también incluye al hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, y a otros dos presuntos asociados.
Para leer más, visite El Nuevo Herald
