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Noboa decreta un nuevo estado de excepción en varias provincias de Ecuador

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este miércoles un nuevo estado de excepción en siete provincias y un cantón del país andino, como parte de su política de seguridad para enfrentar la violencia armada que generan los grupos de delincuencia organizada.

Actualidad RT

La medida, que se tomó con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), se aplicará por un plazo de 60 días en Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.

«El Gobierno nacional identificó que los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas», dice un comunicado de la Presidencia.

El presidente Noboa se pronunció al respecto y dijo que con este nuevo estado de excepción, este miércoles inicia la segunda fase de la lucha contra el terrorismo en Ecuador.

Análisis en la Corte Constitucional

Previamente, la asesora de la Presidencia Diana Jácome, el Decreto Ejecutivo 275, en el cual se establece la medida, será enviado a la Corte Constitucional para que esa instancia lo analice y emita un fallo sobre la medida.

«Es un estado de excepción que es necesario en varias provincias que se han focalizado, precisamente, por el número de actos delictivos», expresó Jácome sobre la medida que le permitiría a la Policía y al Ejército actuar sin mayores restricciones en las zonas mencionadas.

La asesora presidencial añadió que para el Gobierno de Noboa «es importante tomar acciones». «Tenemos que controlar a nuestro país, la seguridad nacional, la seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno», dijo.

A inicios de mayo, Noboa promulgó el decreto de Estado de Excepción para cinco provincias: El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí. Sin embargo, 10 días después, la Corte Constitucional falló en contra de la medida presidencial al argumentar falta de justificaciones para su implementación en lo que el Ejecutivo ha llamado como «conflicto armado interno».

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