Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que bloquee la orden de una jueza para retornar al migrante enviado por «error» a El Salvador
De cara a que venza este lunes el plazo establecido por una jueza para que Estados Unidos traiga de vuelta a un venezolano que el Gobierno admitió fue deportado «por error», la Administración de Donald Trump está pidiendo a la Corte Suprema que bloqueé la orden judicial mientras el caso avanza en las cortes.
Kilmar Abrego García, quien tiene una green card, fue deportado hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador a pesar de su estatus legal. Funcionarios del Departamento de Justicia después reconocieron que esa expulsión fue equivocada.
Ante una demanda, la jueza de distrito Paula Xinis ordenó el viernes al Gobierno que regresaran a Abrego García a territorio estadounidense a más tardar este lunes a las 11:59 pm.
En vez, el Gobierno de Trump está apelando — pero se ha saltado al tribunal de apelaciones para hacerlo, pues esa corte negó este lunes echar para atrás la orden de la jueza.
Por tanto, la Administración ha recurrido directamente a la máxima corte del país para solicitarle a los nueve magistrados que la componen que le permitan «vacar el mandato» de la jueza Xinis.
Según el documento legal enviado a la Corte Suprema este lunes, la jueza no tiene la potestad de «dictarle a Estados Unidos que negocie con un país extranjero para retornar a un enemigo extranjero que está en un territorio ajeno».
«Si se establece este precedente, otras cortes de distrito pudieran ordenar a Estados Unidos a entablar negociaciones exitosas para el regreso de otros extranjeros deportados a otras partes del mundo […] Con esa lógica, los tribunales de distrito tendrían jurisdicción extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas estadounidenses», asevera la moción enviada a la Corte Suprema.
Cabe destacar que Estados Unidos ya ha estado en negociaciones con El Salvador justamente para el envío de cientos de personas no estadounidenses en las últimas semanas a la prisión CECOT.
Xinis ha dicho en sus órdenes que no existen fundamentos legales para la detención de Abrego García ni justificación legal para su deportación a El Salvador. El CECOT donde fue recluido es una prisión donde, según muchas organizaciones internacionales y observadores salvadoreños, se cometen cotidianamente abusos contra los derechos humanos.
En la moción de este lunes ante la Corte Suprema, el Gobierno además siguió argumentando sin evidencia que considera que Abrego García es presunto integrante de la pandilla MS-13. «El extranjero en cuestión no es cualquier individuo porque es miembro de una organización designada como terrorista», dice el documento.
Sin embargo, desde hace años un juez migratorio ya había desestimado esas afirmaciones, presentadas originalmente en un tribunal en Chicago y basadas solamente en que Abrego García traía puesta una camiseta del equipo de basquetbol Bulls. Abrego García ha negado repetidamente ser miembro de alguna pandilla.
Varios funcionarios del Gobierno de Trump han estado lanzando críticas contra jueces y tribunales en las últimas semanas, cuando la Administración enfrenta más de un centenar de demandas en contra de sus intentos de deportar en masa a gente, ponerle fin al sistema de reasentamiento de refugiados o cerrar oficinas federales como USAID.
Según los funcionarios del Gobierno de Trump, estos jueces se están «extralimitando» en sus funciones al ordenar poner en pausa estas medidas en lo que se deliberan los casos ante las cortes. El sistema político estadounidense justamente establece que debe haber pesos y contrapesos, con lo cual los tribunales sí tienen el poder de revisar muchas de las acciones del poder ejecutivo.
